Como Argentina no renunció a esa inmunidad, para que puedan embargarse bienes deberían cumplirse 3 requisitos al mismo tiempo: 1) que el Estado sea su dueño 2) que el bien se usa para una actividad comercial en Estados Unidos 3) que el bien que se pretende embargar «es o fue usado para la actividad comercial en que se basa el reclamo». Sobre qué puede pasar hacia adelante, Soler escribió en X: “Estos son los requisitos relevantes que limitarían intentos de embargo en Estados Unidos”.

De todos modos, como primer paso, lo que si podría pasar es que Burford avance en un pedido de información a la Argentina sobre sus bienes en Estados Unidos.

Cómo sigue la causa

Hacia adelante lo que se abre es qué pedidos de embargos harán los demandantes. Se trata de pedidos, porque luego Argentina podría reclamar y en caso de que no correspondiera, podría levantarse en la justicia. De hecho, si se avanzara con un embargo para que Burford comience a cobrarse la sentencia, si después perdiera, debería devolverlo.

Cabe aclarar que el juicio sigue su curso. La decisión de este jueves de la jueza no cambia en nada el futuro de la causa: hacia adelante, Argentina tiene el derecho de apelar la decisión de fondo de Preska de la condena, el día 22 de febrero. Ese día se presentará la apelación con los argumentos de fondo. Salvo que Argentina decidiera otra estrategia, como llegar a algún tipo de arreglo, algo que de momento el actual procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, no manifestó en ninguna de las intervenciones públicas en las que habló del tema YPF.

Del lado de la demanda, apelarán la sentencia que dejó a YPF por fuera de la causa judicial.

Por qué comienzan los embargos

La jueza no le concede a la Argentina la prórroga del plazo y ratifica que desde este jueves 11 de enero pueden trabarse los embargos debido a que asegura que ya pasó un “tiempo prudencial” desde la sentencia, que fue hace 4 meses, y en el medio “no hubo ninguna evidencia de ningún intento de pagar la sentencia definitiva”.

La jueza dice que la Corte “simpatiza” con los desafíos financieros que tiene Argentina, como el “crecimiento de la pobreza y la inflación en 200%”, pero que el argumento de la defensa sobre la «imposibilidad de acceder a mercados internacionales» solo demuestra que “no se está llevando a cabo ningún paso para pagar la sentencia”.

Para evitar los embargos, Argentina podría haber prendado activos en garantía, como el 26% de las acciones que tiene el Estado nacional sobre YPF (la otra parte para alcanzar el 51% es de las provincias). Sin embargo, eso hubiera requerido una ley del Congreso y en la práctica la vuelta a una YPF privatizada. Así lo explicó Sebastián Maril, abogado de Latam Advisors: “Cualquier embargo de activos del Estado que pueda ocurrir no será puesto como garantía sino que será propiedad de los beneficiarios del fallo que lo irán tomando como forma de pago por los u$s 16.100 millones”, según escribió en X.

Sino, Argentina podría haber avanzado en producir un garantía con empresas aseguradoras que existen en Estados Unidos, por un monto equivalente a la condena, porque en el caso de que la apelación fallara, quedaría firme la sentencia y Burford cobraría de la aseguradora. Pero en la práctica, según comentaron fuentes especializadas, no hay aseguradoras para el monto del capital, que asciende a u$s 16.100 millones. La jueza había aceptado que Argentina no hiciera esto solo a cambio de que antes del 10 de enero hubiera presentado las garantías solicitadas.

Fuente: Ámbito