Así, ambos gobiernos pidieron que «el Estado Nacional, y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias».

Las notificaciones advierten que «cualquier acción unilateral por parte del gobierno nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia»

«Además, se subraya la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales», puntualizó el comunicado.

El argumento de los gobernadores

La acción por parte de las provincias dueñas de los recursos naturales establece un importante precedente en la relación entre el poder central y los estados provinciales en materia de gestión de recursos naturales.

Asimismo, evidencia la firme determinación de proteger sus intereses y ejercer su autonomía en este ámbito crucial para su desarrollo y sustentabilidad.

«Los gobernadores aspiran a la posibilidad de abrir un diálogo constructivo con el gobierno central que respete los principios constitucionales y las competencias provinciales, en aras de encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y promuevan un uso responsable de los recursos naturales en la región», concluyó el comunicado.

Ambos complejos hidroeléctricos fueron concesionados a privados en 1993 y a fin del año pasado llegaron a su final los contratos.

Previo a esto, el ex ministro de Economía Sergio Massa definió una prórroga por 60 días como periodo de transición antes de otorgar las nuevas concesiones.

Los contratos vencidos fueron otorgados un año antes de la reforma de la Constitución Nacional que otorgó la potestad sobre los recursos naturales a los estados provinciales. Ahora Neuquén y Río Negro quieren participar de las nuevas licitaciones.

Fuente: Ámbito