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    Éxodo de médicos pone en riesgo la salud pública fueguina

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    Desde el SIPROSA aseguran que el sistema sanitario de Tierra del Fuego se encuentra en una crisis profunda, con un éxodo de médicos que generó un déficit de profesionales en varias especialidades.

     

    Río Grande.- El Sindicato de Profesionales de la Salud (SIPROSA) alertó sobre la gravedad de la situación y le exigió al gobierno provincial medidas urgentes para revertirla.

    Las principales causas del éxodo de médicos son los bajos salarios: los profesionales en Tierra del Fuego ganan significativamente menos que sus colegas en otras regiones del país.

    También influye la falta de vivienda, ya que no hay suficientes casas dignas para los médicos en la provincia, a los que se le suman las condiciones de trabajo precarias en las que trabajan muchos médicos con largas horas de trabajo y falta de recursos.

    Actualmente, los médicos experimentan una total falta de oportunidades de desarrollo profesional en la citada provincia y no hay suficientes oportunidades para que se especialicen o desarrollen su carrera profesional en Tierra del Fuego.

    Las consecuencias del éxodo de médicos son múltiples y una de ellas es que los pacientes tienen que esperar más tiempo para ser atendidos por un médico.

    Esto redunda en una menor calidad de la atención médica, ya que, la falta de médicos especialistas puede afectar la calidad de la atención médica que reciben los pacientes.

    Además, el éxodo de médicos puede aumentar el riesgo de desabastecimiento de medicamentos en los hospitales y centros de salud.

     

    Las exigencias del Siprosa

     

    Aumento de los salarios: los salarios de los médicos deben aumentarse para que sean competitivos con los de otras regiones del país.

    Construcción de viviendas: el Gobierno debe construir más viviendas dignas para los médicos.

    Mejora de las condiciones de trabajo: las condiciones de trabajo de los médicos deben mejorarse, con menos horas de trabajo y más recursos.

    Inversión en la formación de médicos: el Gobierno debe invertir en la formación de médicos para que haya más profesionales disponibles en la provincia.

    El gobierno provincial anunció algunas medidas para abordar la crisis, pero Siprosa considera que no son suficientes. El sindicato advirtió que, si el Gobierno no toma medidas urgentes, la situación del sistema de salud de Tierra del Fuego podría empeorar aún más.

    La salud es un derecho fundamental y el gobierno de Tierra del Fuego tiene la obligación de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención médica de calidad.

    Es urgente que las autoridades provinciales tomen medidas concretas para solucionar la crisis del sistema de salud y evitar que se siga deteriorando la calidad de vida de los habitantes de la provincia.

    Fuente: Radio Universidad

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    La medida fue oficializada mediante la Resolución Plenaria N° 108/25, firmada a mediados de julio y publicada a inicios de agosto. En sus fundamentos, el organismo remarcó que el contexto inflacionario y el impacto de la devaluación provocaron un deterioro del poder adquisitivo del personal, motivo por el cual se consideró necesario avanzar con una nueva recomposición. “El incremento sostenido de precios afecta directamente el salario real de los trabajadores”, sostiene el texto de la resolución. Cabe recordar que anteriormente el organismo ya había dispuesto dos aumentos salariales: uno del 4,5% en febrero y otro del 5,5% en abril, que sumados al actual configuran el reajuste acumulado del 13% sobre la base de diciembre pasado. En cuanto a los montos actuales de los haberes básicos, sin considerar adicionales o descuentos, un cadete percibe $598.476,23; un auditor de categoría A3, $952.612,44; y un secretario, $1.597.238,93. Por encima de estos niveles se encuentran únicamente las remuneraciones de los vocales del Tribunal, que no son de acceso público. No obstante, tomando referencias de la Caja de Jubilaciones, se estima que sus sueldos rondarían los $11,8 millones brutos mensuales. Aumento limitado a personal técnico A pesar de que los aumentos dispuestos por el Tribunal de Cuentas suelen impactar de manera directa en el Escalafón Profesional Universitario (EPU) de la administración pública provincial —y, por derivación, en los haberes de la planta política—, esta vez el incremento no se trasladará a funcionarios ni autoridades del Ejecutivo. Esto se debe al decreto provincial 1020/25, emitido el 4 de abril por el gobernador Gustavo Melella, que dispuso suspender la aplicación de los aumentos del TCP al personal político del Gobierno. La norma frena la actualización automática establecida por la Ley 1333 para cargos como Gobernador, Vicegobernador, ministros, secretarios de Estado y demás funcionarios del gabinete, incluso cuando correspondiera según el esquema vigente. En la práctica, esta decisión busca evitar que las mejoras salariales del organismo de control disparen los sueldos de la dirigencia política. No obstante, las dietas de los legisladores y de las autoridades de Cámara no están alcanzadas por la suspensión del decreto, lo que genera diferencias dentro de la estructura salarial estatal. Actualmente, según los datos oficiales, la remuneración bruta de ley del Gobernador alcanza los $5.715.674,66, aunque percibe efectivamente $5.057.954,10, mientras que la Vicegobernadora recibe $4.805.056,39. En el caso de los legisladores, el ingreso bruto llega a $5.144.107,17 y los secretarios del Poder Legislativo perciben $4.858.323,44. La medida del Ejecutivo de suspender el «enganche» permanece vigente hasta que se disponga su derogación o modificación formal. Mientras tanto, los aumentos del Tribunal de Cuentas continuarán impactando exclusivamente sobre su propio personal técnico y administrativo.

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