Salud

La ministra que no sabe y mucho menos contesta

Ante un pedido de acceso a la información, Capital Humano reconoció que faltan designar funcionarios. Entonces no saben por qué no se entregan los remedios reclamados.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y el de Salud, encabezado por Mario Russo, se resisten a responder un pedido de acceso a la información acerca de Dirección de Asistencia Directa para Situaciones Especiales (DADSE), el organismo que interrumpió la entrega de medicamentos y elementos de ortopedia para pacientes oncológicos o con otras enfermedades graves o raras que están en situación de vulnerabilidad social y sin cobertura médica. Las preguntas eran simples: estaban orientadas a saber qué hizo, cómo funcionó, a quiénes atendió y con qué presupuesto esta dependencia desde el 10 de diciembre hasta la actualidad.

Ambas carteras pidieron una prórroga de 15 días. La de Pettovello usó un argumento insólito: que no tiene completa o aprobada su estructura organizativa, con lo cual admite que como faltan funcionarios operativos no pueden saber qué pasó con los trámites por la entrega de medicamentos, que depende de ellos.

La DADSE estuvo bajo la órbita de Capital Humano hasta el 24 de febrero y luego pasó a Salud. Como ya es conocido, desde diciembre el organismo cortó la entrega de medicamentos con el argumento de que estaba auditando los procesos de compulsa de precios para la compra de la medicación de alto costo, porque había encontrado supuestas irregularidades. En este período fallecieron por lo menos siete personas en la espera de su tratamiento.

Pese a las denuncias públicas y los amparos individuales y colectivos, la situación no cambió demasiado. Quedan, según contabilizan las organizaciones de familiares y pacientes, unos 1600 expedientes de personas que tienen pendiente la medicación (que recibían con anterioridad) para la continuidad de su tratamiento. Señalan que hay 468 amparos y que el Ministerio habría avanzado en 550 presupuestos, lo que no implica que se haya entregado algo. La mayoría de casos resueltos responden a algunas medidas cautelares. Hay un amparo colectivo de seis asociaciones que fue presentada a mitad de abril, que todavía está en medio de un tironeo sobre qué fuero es competente. Lo debe decidir la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Lo que callan

El pedido de información fue realizado el 16 de abril (ya hace casi un mes) por el diputado Juan Marino (Unión por la Patria), comprometido con el reclamo de organizaciones de familiares y pacientes, que fue llevado al Congreso y que motivó que presentaran una decena proyectos de resolución  (también para pedir explicaciones y que funcione la DADSE, que llegó a poner un cartel de cierre en la puerta de sus oficinas) ¿Qué fue lo tan extraño que pidió Marino? Nada complejo que los ministerios en circunstancias normales no puedan responder:

* Qué presupuesto tuvo y ejecutó la DADSE de diciembre a febrero en Capital Humano y desde entonces hasta la actualidad en Salud, con el desglose de gastos y asignaciones. En teoría se trasladó de un ministerio a otro el presupuesto anterior de 38.000 millones de pesos anuales. Un dato llamativo, que recordó el senador Eduardo Wado de Pedro (UxP) en un proyecto propio, es que el ministro Russo informó públicamente el 20 de febrero que había destinado 140.000 millones para la compra de «medicamentos de alto costo, tanto oncológicos como para otras enfermedades». No se conoce nada acerca de la ejecución de esos u otros fondos ni aparecieron suficientes medicamentos.

* Con qué personal administrativo y técnico contó (y cuenta) la DADSE en ambos períodos. Se refiere «estructura organizativa, cargos y responsabilidades».

* Cuáles son los procedimientos y protocolos para evaluar y aprobar la entrega de medicamentos y asistencia médica especializada.

* Qué medidas se tomaron para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios. Requiere datos cuantitativos: cantidad de beneficiarios atendidos discriminado por tipo de enfermedad y tratamiento otorgado. Cómo son los procesos operativos, la gestión de recursos y resultados alcanzados.

* Cuáles son ahora las políticas internas de control y evaluación de calidad del servicio de la DADSE bajo la supervisión del Ministerio de Salud. Cuántos amparos tramitan y cuál fue a respuesta. Se conocen casos en que el Gobierno apeló para no entregar alguna medicación. Uno de ellos falleció.

Lo que dicen

La Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria del Ministerio de Salud, de la que ahora depende la DADSE, respondió al pedido de acceso a la información pública, que necesita un prórroga de 15 días «a fin de dar respuesta de manera suficiente con la información peticionada» para tener tiempo para «el efectivo procesamiento de lo requerido». Lo mismo pidió el área de Relaciones Institucionales e Integridad de la cartera «para completar la información pertinente».

Más allá de que se supone que toda la información requerida es elemental y no debiera ser muy difícil de encontrar, más sorprendente fue la respuesta de Capital Humano a través de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia que pide más tiempo con este argumento: «Aun no se encuentra aprobada en su totalidad de la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de ministros que tienen a su cargo el despacho de los negocios de la nación, todo lo cual —con el cúmulo de tareas que deriva el traslado de nuevas áreas y competencias— dificulta la tarea de reunir la información solicitada». O sea, como le faltan funcionarios no puede determinar qué pasó con los medicamentos.

«Casi un mes después de que hicimos el pedido de información pública, y a 5 meses de haber asumido, ni Russo ni Pettovello son capaces de dar una elemental respuesta sobre el estado de situación de los trámites en la DADSE —le dijo Marino a Página/12— El desgobierno y el ajuste fundamentalista de Milei tienen como consecuencia la pérdida de vidas humanas de personas con enfermedades graves que fallecen esperando su medicación».

Fuente: Página 12

Salud

La medida fue oficializada mediante la Resolución Plenaria N° 108/25, firmada a mediados de julio y publicada a inicios de agosto. En sus fundamentos, el organismo remarcó que el contexto inflacionario y el impacto de la devaluación provocaron un deterioro del poder adquisitivo del personal, motivo por el cual se consideró necesario avanzar con una nueva recomposición. “El incremento sostenido de precios afecta directamente el salario real de los trabajadores”, sostiene el texto de la resolución. Cabe recordar que anteriormente el organismo ya había dispuesto dos aumentos salariales: uno del 4,5% en febrero y otro del 5,5% en abril, que sumados al actual configuran el reajuste acumulado del 13% sobre la base de diciembre pasado. En cuanto a los montos actuales de los haberes básicos, sin considerar adicionales o descuentos, un cadete percibe $598.476,23; un auditor de categoría A3, $952.612,44; y un secretario, $1.597.238,93. Por encima de estos niveles se encuentran únicamente las remuneraciones de los vocales del Tribunal, que no son de acceso público. No obstante, tomando referencias de la Caja de Jubilaciones, se estima que sus sueldos rondarían los $11,8 millones brutos mensuales. Aumento limitado a personal técnico A pesar de que los aumentos dispuestos por el Tribunal de Cuentas suelen impactar de manera directa en el Escalafón Profesional Universitario (EPU) de la administración pública provincial —y, por derivación, en los haberes de la planta política—, esta vez el incremento no se trasladará a funcionarios ni autoridades del Ejecutivo. Esto se debe al decreto provincial 1020/25, emitido el 4 de abril por el gobernador Gustavo Melella, que dispuso suspender la aplicación de los aumentos del TCP al personal político del Gobierno. La norma frena la actualización automática establecida por la Ley 1333 para cargos como Gobernador, Vicegobernador, ministros, secretarios de Estado y demás funcionarios del gabinete, incluso cuando correspondiera según el esquema vigente. En la práctica, esta decisión busca evitar que las mejoras salariales del organismo de control disparen los sueldos de la dirigencia política. No obstante, las dietas de los legisladores y de las autoridades de Cámara no están alcanzadas por la suspensión del decreto, lo que genera diferencias dentro de la estructura salarial estatal. Actualmente, según los datos oficiales, la remuneración bruta de ley del Gobernador alcanza los $5.715.674,66, aunque percibe efectivamente $5.057.954,10, mientras que la Vicegobernadora recibe $4.805.056,39. En el caso de los legisladores, el ingreso bruto llega a $5.144.107,17 y los secretarios del Poder Legislativo perciben $4.858.323,44. La medida del Ejecutivo de suspender el «enganche» permanece vigente hasta que se disponga su derogación o modificación formal. Mientras tanto, los aumentos del Tribunal de Cuentas continuarán impactando exclusivamente sobre su propio personal técnico y administrativo.