El presidente ya adelantó que volverá a vetar el proyecto, como lo hizo el año pasado. La cuestión será si el veto puede sostenerse
El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una tarde funesta para el oficialismo, tras el rechazo de cinco decretos.
El proyecto reunió 58 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Ahora irá al Poder Ejecutivo, donde el presidente Javier Milei ya anticipó que lo vetará.
“El superávit fiscal no se negocia”, afirmó el mandatario el día en el que la ley del Financiamiento Universitario se trató en la Cámara de Diputados.
Bajo esta premisa, Milei vetó el aumento a las jubilaciones, la moratoria y la emergencia en discapacidad. Este último ya fue rechazado por la Cámara Alta, mientras que la suba de los haberes corrió peor suerte y la Cámara Baja selló la decisión del Ejecutivo.
¿Qué propone la Ley de Financiamiento Universitario?
El texto establece que, desde el 1º de enero, los gastos de funcionamiento de las universidades se actualizarán automáticamente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Para el 2024, en cambio, se prevén aumentos bimestrales que permitan recuperar parte de lo perdido.
La iniciativa también fija reglas claras para los haberes del personal universitario: el Gobierno deberá recomponer los sueldos desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley con un ajuste no menor a la inflación de ese período. Cada incremento será remunerativo y bonificable. Además, se establece que las paritarias deberán reunirse cada tres meses, con la obligación de aplicar actualizaciones mensuales al ritmo de la inflación.
En el recinto, las voces reflejaron distintas miradas sobre la norma. El peronista Fernando Salino advirtió que en los primeros cinco meses de 2025 las transferencias a universidades fueron 22,5% menores que en igual período de 2023, y calculó un costo fiscal equivalente al 0,12% del PBI.
Desde la oposición radical, Maximiliano Abad aprovechó el debate para cuestionar la falta de un presupuesto claro y reclamó reformas estructurales que ordenen las cuentas del Estado: “Gobernar sin presupuesto es como navegar sin brújula”, señaló.
El santacruceño José María Carambia apoyó la ley y pidió dejar de lado lecturas partidarias, mientras que su correligionario Flavio Fama defendió el rol de las universidades y reclamó auditorías serias frente a las acusaciones de mal manejo de fondos.
El jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, llevó la discusión hacia la educación básica. Alertó que uno de cada dos chicos no comprende textos y denunció décadas de “malos manejos” en el sistema. También cuestionó que gran parte del presupuesto universitario se concentre en salarios.
