En las últimas horas -y a menos de una semana de las elecciones nacionales- se filtraron audios de una conversación entre el diputado nacional y lider de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, Santiago Pauli, y un trabajador del bloque de LLA en la Legislatura de Tierra del Fuego. En la charla se escucha claramente como Pauli le exige a este y al resto de los asesores legislativos la entre del item salarial denominado «desarraigo» que -según explica el diputado- fue acordado previamente para pagar los alquileres que el partido posee en la provincia. «El desarraigo no es tuyo, es del partido», le dice Pauli.

Lo más llamativo es que se refiere incluso a asesores que no cumplirían con los requisitos para cobrar desarraigo, ya que según afirma no viajan desde Río Grande a Ushuaia para cumplir funciones en la Legislatura, tal cual es el objetivo del pago del ítem, dejando en claro que varios de los contratos no prestarían esos servicios.

La discusión económica entre el diputado Pauli y uno de los punteros del legislativo de La Libertad Avanza fue grabado por este último develando el manejo de estos fondos procedentes de las arcas públicas, que suelen terminar siendo utilizados como “cajas políticas” o solventar “costos partidarios”, y trascendió a medios de toda la provincia.

El diálogo inicia con el puntero que le explica al diputado Pauli de por qué no puede entregar el desarraigo, y en su lugar ofrece vender empanadas para costear la parte que debe entregar para los alquileres: “Estábamos hablando con Miguel por el tema del desarraigo, yo no puedo ponerlo -dice aduciendo problemas con un hijo- haciendo una propuesta de venta de empanadas para juntar plata para el partido”, dando cuenta de un grupo cerrado de 30 personas que “si no venden empanadas pongan la diferencia”.

Pauli le consulta directamente cuánto cobran el desarraigo este mes: “496mil” responde el puntero, ante lo cual el diputado es tajante: “Yo voy a dar de baja todos los contratos y poner gente que cobre y nos pase todo el desarraigo y le transferimos la diferencia, por que nos estamos endeudando con Miguel –se supone el candidato a diputado Miguel Rodriguez-, yo estoy poniendo arriba un millón y medio de pesos y solo una persona nos está pasando el desarraigo”.

Lo llamativo es el manejo que parece tener Pauli de partidas y salarios que no le corresponden en su rol de diputado, sino al bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura Provincial, encabezado por el legislador Agustín Coto.

Pauli intenta legitimar su reclamo diciendo “tratar de ser bueno” agregando que “nosotros no hacemos como los otros partidos, no les tocamos el sueldo y solo pedimos el desarraigo pero eso no es sueldo”.

Además se queja de que solo un empleado pasa el desarraigo y la idea es afrontar los alquileres partidarios. “Me parece una locura vender empanadas para pagar los alquileres cuando entre los desarraigos con la gente que está en Río Grande se puede pagar y nos sobra plata para pagar otras cosas», agrega.

Finalmente asegura que como solución al dilema «prefiero dar de baja esos contratos, poner alguien que ponga la cara y me pase el 100% del desarraigo para pagar los alquileres y yo me aseguro que nos llegue lo de los desarraigos”, lamentando lidiar con una situación “para la que tenemos los fondos”.

“Con la plata de los desarraigos, que no es plata del sueldo, tenemos para bancar los alquileres, pero no ahora que la tenemos. Tengo cuatro personas con las que acordamos que el 100% del sueldo es para ellos y el desarraigo es para el partido y no lo están cumpliendo”, insistiendo Pauli frases tales como; “la plata del desarraigo no es de ustedes” o “el desarraigo no es sueldo”.

Pauli sostiene en otro tramo de la charla que el desarraigo “es un viático por un trabajo que alguien no hace, entonces en lugar de exigirle el sueldo es pedirlo”. Allí menciona a dos empleadas que si cumplen la función que exige el pago del viático, y agrega finalmente “no les pedimos el desarraigo”, “en el caso de quienes no lo usan como viático lo usamos para sostener el partido” dejando en claro que se utilizan contratos que no cumplen su función.

Esto da cuenta del intencionado uso de fondos públicos, no para los fines que fueron creados, sino desviarlos con uso político partidario, lo que podría llegar a comprender el delito de peculado.

Fuente: Critica Sur