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    Capacitarán a periodistas y comunicadores fueguinos sobre prevención de suicidio

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    Se trata del curso universitario “Agentes Multiplicadores de Prevención de Suicidio”, organizado por el Municipio de Río Grande junto a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA).

    Organizado junto a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA), el Municipio anuncia la realización del curso universitario “Agentes Multiplicadores de Prevención de Suicidio” destinado a periodistas y comunicadores de Tierra del Fuego.

    Durante los encuentros se abordarán recomendaciones para una comunicación responsable del suicidio, así como buenas prácticas periodísticas que respeten la dignidad de las personas y promuevan el compromiso ético con la salud mental. También se profundizará en las implicancias éticas y legales que surgen cuando no se cumplen las recomendaciones, en el marco de la Ley Olimpia y la Ley Belén.

    Del mismo modo, se trabajará sobre los estereotipos, la violencia estética y las políticas de cuidado en salud mental, promoviendo la articulación entre el derecho a la libertad de expresión y la responsabilidad social del ejercicio comunicativo.

    El curso está dirigido a trabajadores y trabajadoras de los medios y se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube: https://www.youtube.com/@ciudadtecnologicarga, posibilitando la participación tanto presencial como virtual de los interesados.

    El quinto módulo se desarrollará el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, con la participación de destacados profesionales del ámbito de la comunicación y la salud mental.

    El viernes a las 18 horas expondrá el Lic. Fernando Tocho, con la conferencia “Medios de comunicación, salud mental y prevención del suicidio”. A las 20 horas, la Lic. Marcela Ojea abordará “Recomendaciones para la comunicación responsable del suicidio”.

    El sábado a las 9 horas abrirá la jornada la Lic. Lorena Uribe, quien disertará sobre “Buenas prácticas de la comunicación”. A las 10 horas, la Lic. Andrea Ciliberto presentará “Libertad de expresión y salud mental. Qué pasa cuando no se cumplen las leyes”. Luego, a las 11 horas, la Lic. Lucía Vaccarezza abordará “Medios de comunicación, estereotipos y violencia estética”, y finalmente, a las 12 horas, la Lic. Paula Gigliotti cerrará con la exposición “Noción de cuidados y cuidados en la adolescencia”.

    Los principales ejes de trabajo incluyen el abordaje del vínculo entre los medios de comunicación, la salud mental y la prevención del suicidio; las recomendaciones y buenas prácticas para una comunicación responsable que respete la dignidad de las personas; y la reflexión sobre la libertad de expresión y la salud mental, con especial atención a las implicancias que surgen cuando no se cumplen las recomendaciones, en el marco de la Ley Olimpia y la Ley Belén. También se analizarán los estereotipos y la violencia estética en los medios, y se promoverán políticas de cuidado que fortalezcan el compromiso social con la salud mental comunitaria.

    Esta iniciativa propone fortalecer el compromiso de los medios de comunicación con la salud mental comunitaria y contribuir a la construcción de mensajes responsables, empáticos y respetuosos de la vida.

    Fuente: Critica Sur

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    La medida fue oficializada mediante la Resolución Plenaria N° 108/25, firmada a mediados de julio y publicada a inicios de agosto. En sus fundamentos, el organismo remarcó que el contexto inflacionario y el impacto de la devaluación provocaron un deterioro del poder adquisitivo del personal, motivo por el cual se consideró necesario avanzar con una nueva recomposición. “El incremento sostenido de precios afecta directamente el salario real de los trabajadores”, sostiene el texto de la resolución. Cabe recordar que anteriormente el organismo ya había dispuesto dos aumentos salariales: uno del 4,5% en febrero y otro del 5,5% en abril, que sumados al actual configuran el reajuste acumulado del 13% sobre la base de diciembre pasado. En cuanto a los montos actuales de los haberes básicos, sin considerar adicionales o descuentos, un cadete percibe $598.476,23; un auditor de categoría A3, $952.612,44; y un secretario, $1.597.238,93. Por encima de estos niveles se encuentran únicamente las remuneraciones de los vocales del Tribunal, que no son de acceso público. No obstante, tomando referencias de la Caja de Jubilaciones, se estima que sus sueldos rondarían los $11,8 millones brutos mensuales. Aumento limitado a personal técnico A pesar de que los aumentos dispuestos por el Tribunal de Cuentas suelen impactar de manera directa en el Escalafón Profesional Universitario (EPU) de la administración pública provincial —y, por derivación, en los haberes de la planta política—, esta vez el incremento no se trasladará a funcionarios ni autoridades del Ejecutivo. Esto se debe al decreto provincial 1020/25, emitido el 4 de abril por el gobernador Gustavo Melella, que dispuso suspender la aplicación de los aumentos del TCP al personal político del Gobierno. La norma frena la actualización automática establecida por la Ley 1333 para cargos como Gobernador, Vicegobernador, ministros, secretarios de Estado y demás funcionarios del gabinete, incluso cuando correspondiera según el esquema vigente. En la práctica, esta decisión busca evitar que las mejoras salariales del organismo de control disparen los sueldos de la dirigencia política. No obstante, las dietas de los legisladores y de las autoridades de Cámara no están alcanzadas por la suspensión del decreto, lo que genera diferencias dentro de la estructura salarial estatal. Actualmente, según los datos oficiales, la remuneración bruta de ley del Gobernador alcanza los $5.715.674,66, aunque percibe efectivamente $5.057.954,10, mientras que la Vicegobernadora recibe $4.805.056,39. En el caso de los legisladores, el ingreso bruto llega a $5.144.107,17 y los secretarios del Poder Legislativo perciben $4.858.323,44. La medida del Ejecutivo de suspender el «enganche» permanece vigente hasta que se disponga su derogación o modificación formal. Mientras tanto, los aumentos del Tribunal de Cuentas continuarán impactando exclusivamente sobre su propio personal técnico y administrativo.

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