El debate por la reforma constitucional volvió a moverse, y no en la dirección que esperaba el oficialismo. El recurso de queja presentado por Jorge Andrés Lechman (SF) llegó hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el expediente quedó directamente bajo seguimiento del máximo tribunal, un dato que aporta una densidad nueva a una discusión que ya venía caliente en la provincia.

El Gobierno insiste en presentar la reforma como un gesto de “modernización”, pero la realidad que se filtra por fuera del discurso oficial es menos amable: un costo que supera los 5 mil millones de pesos y un rechazo social que se acerca al 70%. En ese clima, la llegada del caso a la Corte suma un actor que no puede ser ignorado.

Lechman viene advirtiendo que el proceso reformista se apoya en una lectura demasiado laxa de las atribuciones provinciales y que, más que modernizar, fuerza los límites institucionales. Su reclamo no quedó archivado en los pasillos locales: ahora deberá ser examinado por un tribunal que observa estos temas con una sensibilidad distinta, especialmente cuando se trata de cambios constitucionales impulsados sin acuerdos amplios.

La Corte inicia la etapa preliminar, un espacio donde no rigen los tiempos políticos sino los propios del tribunal, siempre imprecisos y ajenos a la urgencia del poder. Que el expediente haya llegado hasta allí ya es, en sí mismo, una señal: el máximo tribunal considera que hay materia suficiente para revisar la actuación provincial.

La Provincia, que intentó minimizar la disputa judicial, se encuentra ahora con un escenario menos previsible. Lo que hasta ayer parecía un trámite interno adquiere dimensión nacional. Y en esa escala, el relato de la “modernización” convive mal con una causa que se abre paso entre cuestionamientos por costos exorbitantes, falta de consenso y un rechazo social que el Gobierno no logra revertir.

Fuente: Radio Universidad