El esquema que propuso, en su momento, el Gobierno no tendría “per se” obstáculos constitucionales en cuanto al equilibrio en su composición, algo que marcó el fallo de 2021 como uno de los principales problemas del modelo de 13 miembros que había funcionado desde 2006 en adelante. Se integraría con las mismas cantidades por estamento que el formato actual tanto de jueces como abogados (cuatro y cuatro); dos académicos; y un representante del Ejecutivo. Pero sí reduciría a tres los representantes de cada Cámara del Congreso. Esto dejaría afuera a lo que hoy es considerado la “segunda minoría” que generó tanto tironeo y denuncias cruzadas que hoy permanecen irresueltas respecto a la permanencia o no de Martín Doñate a partir de la partición del bloque oficialista en el Senado. Eso para la Corte fue un “ardid” y para el kirchnerismo una decisión de organización propia del Poder Legislativo que no es posible avasallar. Lo que es seguro de ese formato es que no tiene un lugar para la Corte, lo que inmediatamente desplazaría a Rosatti de ese sitial, hoy, un objetivo del oficialismo.

Todo este planteo y este desenlace sigue siendo una estrategia de pizarrón. El año pasado, para esta misma época, los proyectos previstos para extraordinarias no tuvieron ningún destino de discusión en el Congreso. Un año después, la situación de relación de fuerzas y la disposición para el debate parlamentario ha desmejorado mucho, por lo que todo el paquete de iniciativas que van de la mando de la avanzada del juicio político y aledaños está condicionada.

El test no solo será la inclusión en el temario, sino luego con qué clima se intenta introducir el debate en Diputados. En último término, si el Gobierno va a echar mano de una herramienta que puede llegar a obtener firmeza como un DNU pero cuyo periplo tiene asegurado pasar por tribunales.

Fuente: Ámbito