El decreto del acuerdo con el FMI ya tiene la primera denuncia penal. Lo acusaron de «violar los deberes de funcionario público». Qué incluye el programa económico

Un grupo de diputados denunció penalmente al presidente Javier Milei, tras firmar el decreto que oficializa el acuerdo con el FMI. Lo acusaron de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y las figuras del Título VIII del Código Penal de la Nación”, que refieren a los delitos contra el orden público: asociación ilícita, asociación ilícita calificada, intimidación pública, instigación a cometer delitos y terrorismo. Esta última figura sanciona delitos cometidos con el fin de aterrorizar a la población o presionar a gobiernos u organizaciones.

A pesar de que aún debe ser aprobado por el Congreso, el Gobierno ya cuenta con la posibilidad de recibir los desembolsos del organismo internacional.

El nuevo acuerdo incluye un programa de Facilidades Extendidas. Esto es, un programa con condiciones estrictas para implementar reformas estructurales y mejorar la estabilidad macroeconómica. A diferencia de otros programas del FMI, ofrece un lapso de reembolso de cinco a diez años, con un período de gracia, que va desde los tres a los cuatro años.

Un grupo de diputados a Javier Milei por el DNU del FMI

Juan Marino, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Brenda Vargas Matyi, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Hugo Yasky son todos los diputados de Unión por la Patria que firmaron la denuncia penal contra Javier Milei. En el documento, los legisladores argumentaron que la maniobra del Gobierno es “violatoria, en primer término, de cláusulas constitucionales y de la ley 27.612”. Esta legislación corresponde al Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue sancionada en 2021.

Establece un límite para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación. De superarse el límite fijado, el Congreso deberá aprobar una ley especial. También incluye que cualquier acuerdo de financiamiento o ampliación de créditos con el FMI, deben ser aprobados por el Congreso. Y, por último, establece que los programas de financiamiento no pueden destinarse a gastos corrientes.

Después de que el Gobierno confirmara la elaboración de un nuevo acuerdo que será ingresado al recinto para ser tratado, el portavoz del FMI, Julie Kozack, sugirió que esta instancia legislativa “no sería una condición necesaria para llevar adelante los desembolsos» del organismo. 

El grupo de diputados denunciantes consideró como algo“insólito” que el Fondo “pretenda convertirse en intérprete del texto de la Constitución Nacional, incurriendo, por lo visto, en groseros errores y omisiones”. “Los DNU constituyen una excepción a la norma general que está expresada en el artículo 99, inciso 3!, segundo párrafo, que expresa que ‘en ningún caso, el Poder Ejecutivo, bajo la pena de nulidad absuluta e insanable, podrá remitir disposiciones legislativas”.

Fuente: BAE Negocios