Con apoyo del peronismo, radicales y provinciales, la Cámara Alta rechazó por amplia mayoría decretos firmados por Javier Milei y Federico Sturzenegger

El Senado de la Nación protagonizó una sesión de alto voltaje político en la que la oposición logró rechazar cinco decretos delegados del presidente Javier Milei, impulsados por su asesor económico Federico Sturzenegger, que reorganizaban y desmantelaban organismos públicos claves. El resultado fue contundente: mayorías de entre 55 y 60 votos contra apenas 9 a 13 del oficialismo, lo que dejó expuesta la fragilidad de La Libertad Avanza en la Cámara Alta.

Los decretos cuestionados incluían la absorción de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la intervención del INTA, INTI, INPI y el Banco Nacional de Datos Genéticos, así como el desguace de organismos culturales como el Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, entre otros. La oposición argumentó que estas medidas afectaban áreas estratégicas de la ciencia, la cultura y la infraestructura.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, lideró el debate y no escatimó críticas al Gobierno. En un encendido discurso, acusó a Milei de «corrupto» por el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo y aseguró que el Congreso aprovechará la debilidad del Ejecutivo: «Acá dejan el arco libre y le vamos a meter todos los goles juntos, porque estamos decididos a hacer lo que tengamos que hacer contra este corrupto presidente», sentenció.

La votación mostró un frente opositor sólido. Al peronismo se sumaron la mayoría de la UCR, el PRO y bloques provinciales, dejando aislado al oficialismo que solo pudo contar con su tropa propia y un puñado de aliados. Algunos senadores, como Carolina Losada, se diferenciaron de su bloque radical y votaron con el Gobierno, mientras que otros, como Juan Carlos Romero, optaron por abstenerse.

El revés legislativo tiene un trasfondo más amplio: se trata de la tercera sesión consecutiva con agenda opositora, que incluyó el dictamen de proyectos para limitar el alcance de los DNUs y el avance de las leyes de emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y de financiamiento universitario. Con los números a favor, Mayans ya advirtió que buscará que el Congreso sesione todas las semanas, lo que pondría al Gobierno bajo presión constante.

Desde el oficialismo reconocen que, aunque el rechazo del Senado tiene un fuerte valor político, muchas de las reformas administrativas ya fueron ejecutadas y resultará difícil revertirlas en la práctica. El ministro del Interior, Guillermo Francos, admitió que “los decretos ya están en vigencia y las modificaciones se hicieron”, aunque aceptó que el impacto institucional de la votación es innegable.

La sesión dejó además otra señal: la vicepresidenta Victoria Villarruel, que presidió el debate, quedó nuevamente en el centro de las tensiones internas de La Libertad Avanza, mientras la oposición aprovecha la falta de conducción política del bloque oficialista en la Cámara Alta.

Con este resultado, el Gobierno ve cada vez más limitado su margen de maniobra en el Congreso. Y la oposición, fortalecida, ya anticipa que la próxima batalla será por los fondos para el Garrahan y las universidades, en un escenario donde los dos tercios parecen al alcance de la mano.