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    Más de 200 riograndenses accedieron a controles de detección precoz del cáncer colorrectal

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    La edición 2025 se desarrolló del 7 al 16 de abril, en los Centros Municipales de Salud, Centro de Especialidades Médicas y la Dirección del Adulto Mayor.

    Desde el Municipio informaron que más de 200 riograndenses accedieron a la campaña de detección precoz del cáncer colorrectal, que se llevó adelante del 7 al 16 de abril en los Centros Municipales de Salud, el Centro de Especialidades Médicas y la Dirección del Adulto Mayor.

    La detección precoz del cáncer colorrectal es una herramienta clave para salvar vidas. Esta enfermedad, que en más del 90% de los casos puede curarse si se diagnostica a tiempo, sigue siendo una prioridad en la agenda sanitaria local.

    En este marco, el Municipio llevó adelante una nueva edición de la Campaña de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal, destinada a personas entre 45 y 75 años, población considerada de mayor riesgo.

    Se atendieron 220 personas, de las cuales 168 realizaron sus estudios en el Laboratorio Municipal. El 16% de las muestras resultaron positivas, dichos pacientes fueron evaluados por especialistas en gastroenterología del CEM.

    Aquellos casos que requirieron estudios de mayor complejidad fueron derivados al segundo nivel de atención y actualmente se encuentran bajo seguimiento, a la espera de resultados para continuar con su atención médica.

    Cabe destacar que, en las campañas realizadas en abril de 2022 y abril de 2023, la positividad de muestras fue del 31 %, con la detección de dos casos de lesiones premalignas de alto grado, que fueron tratadas exitosamente mediante video colonoscopía y que continúan bajo vigilancia médica.

    Fuente: Critica Sur

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    La medida fue oficializada mediante la Resolución Plenaria N° 108/25, firmada a mediados de julio y publicada a inicios de agosto. En sus fundamentos, el organismo remarcó que el contexto inflacionario y el impacto de la devaluación provocaron un deterioro del poder adquisitivo del personal, motivo por el cual se consideró necesario avanzar con una nueva recomposición. “El incremento sostenido de precios afecta directamente el salario real de los trabajadores”, sostiene el texto de la resolución. Cabe recordar que anteriormente el organismo ya había dispuesto dos aumentos salariales: uno del 4,5% en febrero y otro del 5,5% en abril, que sumados al actual configuran el reajuste acumulado del 13% sobre la base de diciembre pasado. En cuanto a los montos actuales de los haberes básicos, sin considerar adicionales o descuentos, un cadete percibe $598.476,23; un auditor de categoría A3, $952.612,44; y un secretario, $1.597.238,93. Por encima de estos niveles se encuentran únicamente las remuneraciones de los vocales del Tribunal, que no son de acceso público. No obstante, tomando referencias de la Caja de Jubilaciones, se estima que sus sueldos rondarían los $11,8 millones brutos mensuales. Aumento limitado a personal técnico A pesar de que los aumentos dispuestos por el Tribunal de Cuentas suelen impactar de manera directa en el Escalafón Profesional Universitario (EPU) de la administración pública provincial —y, por derivación, en los haberes de la planta política—, esta vez el incremento no se trasladará a funcionarios ni autoridades del Ejecutivo. Esto se debe al decreto provincial 1020/25, emitido el 4 de abril por el gobernador Gustavo Melella, que dispuso suspender la aplicación de los aumentos del TCP al personal político del Gobierno. La norma frena la actualización automática establecida por la Ley 1333 para cargos como Gobernador, Vicegobernador, ministros, secretarios de Estado y demás funcionarios del gabinete, incluso cuando correspondiera según el esquema vigente. En la práctica, esta decisión busca evitar que las mejoras salariales del organismo de control disparen los sueldos de la dirigencia política. No obstante, las dietas de los legisladores y de las autoridades de Cámara no están alcanzadas por la suspensión del decreto, lo que genera diferencias dentro de la estructura salarial estatal. Actualmente, según los datos oficiales, la remuneración bruta de ley del Gobernador alcanza los $5.715.674,66, aunque percibe efectivamente $5.057.954,10, mientras que la Vicegobernadora recibe $4.805.056,39. En el caso de los legisladores, el ingreso bruto llega a $5.144.107,17 y los secretarios del Poder Legislativo perciben $4.858.323,44. La medida del Ejecutivo de suspender el «enganche» permanece vigente hasta que se disponga su derogación o modificación formal. Mientras tanto, los aumentos del Tribunal de Cuentas continuarán impactando exclusivamente sobre su propio personal técnico y administrativo.

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