Por caso, el Hospital Austral había comunicado que daba inicio a la percepción de «un bono contribución al momento de la atención» con costos variables según el tipo de prestación: entre ellas mencionaba $15 mil para las cirugías ambulatorias; $20 mil para las cirugías sin internación y otro tanto para las que requirieran internación; el mismo monto para partos y cesáreas, o $10 mil por una hemodinamia o una endoscopía. También pautaba bonos por consultas ambulatorias y de emergencia, que si bien eran presentadas como voluntarias tenían carácter obligatorio.

Junto con ese anuncio, que luego las autoridades del Austral quitaron de su página web, otros centros privados de salud como los hospitales Alemán, Británico o Italiano, así como las clínicas Favaloro y Fleni, se aprestaban a dar a conocer copagos de similares características. Esas medidas coincidieron con una negociación llevada adelante por Massa con las prepagas agrupadas en la UAS que terminó por definir un congelamiento de tarifas hasta diciembre.

En los centros privados de salud se calcula que se atiende dos tercios de la población, es decir unas 30 millones de personas, entre afiliados directos o pacientes de prepagas y obras sociales que los contratan como prestadores. En el sector dijeron que como parte de la negociación el Gobierno prohibió los copagos pero al mismo tiempo advirtieron que podrá haber empresas que mantendrán su percepción de manera solapada.

Otro dato llamativo de la negociación es que parte el beneficio es gozado de facto por parte de las clínicas y sanatorios que desde hace años dilatan o evitan el pago de contribuciones patronales. Esa evasión, que perjudica la seguridad social, se basa en un artículo de la ley de emergencia que rige en salud que le impide a la AFIP embargar a ese tipo de entidades.

Fuente: Ámbito