En paralelo, el decreto crea la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos públicos que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán información relevante para el análisis estratégico nacional. Entre ellos figuran los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Seguridad Nacional, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Dirección General de Aduanas, entre otros.

Cambios clave en los servicios de Inteligencia Nacional

Otro cambio clave es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que será la autoridad nacional en materia de protección del ciberespacio, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos. En paralelo, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, enfocada exclusivamente en la producción de inteligencia en el dominio digital.

En materia de seguridad estratégica, la norma dispone que la Agencia de Seguridad Nacional cambie su denominación por Agencia Nacional de Contrainteligencia, y redefine sus funciones para orientarlas exclusivamente a la identificación y análisis preventivo de amenazas, como espionaje, sabotaje, injerencia e influencia extranjera, evitando superposiciones con las tareas de investigación criminal de la Policía Federal Argentina.

El decreto también introduce una definición explícita de la contrainteligencia dentro de la ley, incorporando un nuevo artículo que detalla su alcance y establece la obligación de aplicar medidas pasivas de seguridad en todo el Sector Público Nacional, bajo responsabilidad de los titulares de cada organismo.

Cambios en la inteligencia militar

Otro punto relevante es el ordenamiento de la inteligencia militar. El DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y transfiere sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de eliminar una superposición histórica y mejorar la eficiencia del sistema.

En cuanto a los controles internos, la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas, inspecciones y evaluaciones sobre el uso de recursos, la eficacia operativa y la integración funcional de los organismos que integran el sistema.

La reforma también refuerza el poder de conducción de la SIDE, que será el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con facultades para aprobar presupuestos, controlar gastos de inteligencia -incluidos los gastos reservados- y centralizar la designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados.

Finalmente, el DNU habilita de manera expresa a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad federales y policías, bajo autorización del Secretario de Inteligencia, y establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por su sensibilidad estratégica.

Tal como lo establece la legislación vigente, el decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez. Mientras tanto, el Gobierno avanza con una de las reformas más profundas del sistema de inteligencia desde la sanción de la ley en 2001, con el argumento de mejorar la eficiencia, la coordinación y el control democrático del esquema.

El comunicado del gobierno de Javier Milei sobre los cambios en la SIDE

Además de los considerandos del DNU, el Gobierno también justificó la reestructuración a través de un comunicado oficial de la cuenta oficial de la secretaría.

«Los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial, a partir del liderazgo del Presidente Javier G. Milei, requieren que la Nación cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos», ahondó el texto.

En ese sentido, detallaron que el «el objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI. En ese sentido, se avanza en la eliminación de funciones que históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional, como la seguridad interna del país que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado, que ahora serán competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología».

Por otro lado, también explicaron que la reforma busca llevar adelante «un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura, concentrando las capacidades del Sistema de Inteligencia en su función esencial».

Sobre la contrainteligencia – y su explicitación en la normativa – el Gobierno explicó que en la reforma la actividad es «definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos».

Por último, concluyó: «Esta transformación profunda del Sistema de Inteligencia Nacional forma parte del proceso histórico que impulsa el Presidente Javier G. Milei para dejar atrás décadas de desorden, opacidad y uso político del Estado. Se trata de una decisión estructural que reafirma el compromiso inquebrantable con la libertad, la legalidad y la soberanía nacional, y que consolida un nuevo orden institucional en la Argentina: un Estado limitado, profesional y al servicio de los ciudadanos, de la República y de la libertad».

Fuente: Ámbito