Tras un fuerte debate reglamentario y político, la Legislatura modificó la Ley 1355 y habilitó la salmonicultura
Finalmente, este lunes 15 de diciembre, cerca de las 13 horas, se desarrolló la cuarta sesión ordinaria de la Legislatura de Tierra del Fuego, luego de dos suspensiones consecutivas. Con la presencia de ambientalistas en el edificio de sesiones y un clima de marcada tensión política, el cuerpo legislativo abordó uno de los temas más controvertidos del año: la modificación de la Ley Provincial 1355, que hasta ahora prohibía la cría industrial de salmones en aguas fueguinas.
La sesión comenzó con un primer foco de conflicto durante la lectura del boletín de asuntos entrados. En ese marco, el legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, solicitó el giro a comisión del asunto 287/2025, referido a la modificación de la ley, al considerar inválido el dictamen que habilitaba su tratamiento en el recinto.
A ese planteo se sumó la legisladora del Partido Verde, Laura Colazo, quien cuestionó duramente el procedimiento seguido para la elaboración del dictamen de comisión. Sostuvo que el despacho fue firmado en una reunión que no había sido formalmente convocada, sin quórum y sin la presencia de la presidencia de la comisión, lo que —según afirmó— constituye una violación grave al reglamento interno. “No son irregularidades menores, son violaciones al funcionamiento democrático”, advirtió, y solicitó que se evitara el tratamiento legislativo del proyecto en esta sesión.
Desde el bloque FORJA, el legislador Federico Sciurano reconoció su oposición a las salmoneras, pero defendió la validez institucional del dictamen. Señaló que el tema fue discutido en parlamentaria y que no existieron falsificaciones de firmas ni irregularidades formales, diferenciando el debate reglamentario del posicionamiento político de fondo.
Villegas retomó la palabra para insistir en que el dictamen estaba “viciado de arbitrariedad, ilegalidad e inconstitucionalidad”, y reclamó que la Legislatura no avale un despacho que —según sostuvo— no respetó las reglas que el propio cuerpo se impuso.
La moción para girar el asunto a comisión fue finalmente rechazada. La votación no fue nominal y la propuesta obtuvo cinco votos afirmativos frente a diez negativos. Con ese resultado, se aprobó el boletín de asuntos y la sesión continuó su desarrollo.
El dictamen y el debate de fondo
Horas más tarde, la presidente del cuerpo, Mónica Urquiza, puso a consideración el Dictamen de Comisión N.º 3 en mayoría, que aconsejaba la sanción del proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la Ley 1355.
Previo a la votación del asunto, Pablo Villegas volvió a cuestionar la legalidad del dictamen y denunció una “flagrante violación” al funcionamiento de las comisiones, señalando que el despacho se habría aprobado luego de un cuarto intermedio y tras el retiro de la presidenta de la comisión. En un discurso de fuerte contenido político, rechazó lo que definió como una “falsa dicotomía” entre trabajo y ambiente, y acusó al gobernador de utilizar la desocupación como argumento para intentar legitimar la modificación de la ley. “La ley 1355 no impide la generación de empleo”, afirmó, y advirtió que su aprobación daría inicio a una “resistencia pacífica” contra el modelo impulsado por el Ejecutivo.
La legisladora Laura Colazo ratificó el rechazo “absoluto” del Partido Verde, alertando sobre el impacto ambiental de la salmonicultura industrial en ecosistemas marinos y de agua dulce, la biodiversidad, la pesca artesanal y el turismo. Definió a la Ley 1355 como una “línea ética y estratégica” para la provincia y, visiblemente emocionada, sostuvo que “el desarrollo sin límites no es progreso, es saqueo”.
Desde el oficialismo, el legislador Federico Greve defendió el proyecto al asegurar que no deroga la ley vigente sino que la regula, negando cualquier ilegalidad en el dictamen. Sostuvo que la iniciativa busca actualizar el marco normativo y promover una acuicultura “sostenible y socialmente responsable”.
En la misma línea, la legisladora Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin) argumentó que la provincia necesita diversificar su matriz productiva y afirmó que el proceso fue abierto y plural. Reconoció haber firmado el dictamen y señaló que, en democracia, las decisiones corresponden a los legisladores, dejando abierta la vía judicial para quienes cuestionen el procedimiento.
Por el contrario, los legisladores de Somos Fueguinos Raúl Von der Thusen y Jorge Lechman adelantaron su voto negativo. Von der Thusen cuestionó tanto el procedimiento como la falta de propuestas concretas y sustentables, y remarcó que no se escuchó a empresarios con proyectos serios que garanticen empleo y cuidado ambiental. Lechman, en tanto, sostuvo que las decisiones parecen tomarse fuera de la provincia y desligó este proyecto de otras iniciativas legislativas.
Desde La Libertad Avanza, la legisladora Natalia Gracianía manifestó el acompañamiento de su bloque a la modificación, al considerar que la prohibición vigente limita el crecimiento de Tierra del Fuego. Sostuvo que el desarrollo productivo es compatible con el cuidado ambiental si existen controles adecuados.
Votación ajustada
Tras un cuarto intermedio solicitado por el legislador justicialista Virgilio García, el cuerpo procedió a votar el asunto. Con ocho votos afirmativos y siete negativos, la Legislatura aprobó la modificación de la Ley 1355.
Votaron a favor Juan Carlos Pino y Virgilio García (PJ), Federico Greve y Myriam Martínez (FORJA), Luciano Selzer y Natalia Gracianía (La Libertad Avanza), Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin) y Matías Lapadula (Provincia Grande).
En contra lo hicieron Victoria Vuoto (PJ), Federico Sciurano (FORJA), Raúl Von der Thusen y Jorge Lechman (Somos Fueguinos), Pablo Villegas y Damián Löffler (Movimiento Popular Fueguino) y Laura Colazo (Partido Verde).
Más allá del resultado de esta votación, la jornada legislativa dejó expuesto un profundo quiebre político e institucional, con cuestionamientos formales al procedimiento parlamentario y un debate de fondo que trasciende la salmonicultura: el modelo de desarrollo, el rol del Estado y los límites entre producción, ambiente y legalidad, en una sesión que aún continúa.
Fuente: Informante





