Salud

AstraZeneca retiró de la venta su vacuna contra coronavirus

Según la compañía, se trata de una decisión comercial por baja en la demanda. De qué manera este suceso podría afectar la confianza de la población en las inyecciones, según la perspectiva de una científica local.

AstraZeneca realizó un pedido para retirar de comercialización su fórmula vacunal contra el coronavirus. Inicialmente no podrá emplearse en los países de la Unión Europea y luego, paulatinamente, ya no estará disponible en el resto del mundo. Ello constituye un precedente muy importante que podría erosionar la confianza de la población en las fórmulas vacunales, tecnologías que durante la pandemia salvaron millones de vidas. Días atrás, la compañía anglo-sueca había estado en el ojo de la tormenta al enfrentar una demanda colectiva realizada por ciudadanos británicos que habían afrontado efectos secundarios tras la aplicación.

Según informó The Telegraph, el 5 de mayo AstraZeneca retiró su autorización de comercialización de manera voluntaria y la gestión se volvió efectiva a partir del martes. La noticia que se comunica y que recorre el mundo es el desencadenante de un proceso legal que AstraZenca enfrenta en el presente. En días previos, la firma había asumido que su vacuna –que sirvió para proteger a buena parte de la población mundial de los efectos graves y muerte frente a la covid– también podía ocasionar “efectos secundarios raros”. La demanda colectiva había sido presentada por ciudadanos británicos afectados por el síndrome de trombosis con trombocitopenia (TTS), que implica la formación de coágulos y hemorragias, tras recibir las dosis.

Desde el primer lote a la fecha, según la farmacéutica, se distribuyeron 3 mil millones de dosis de Vaxzevria (nombre comercial). A pesar de provocar esa reacción adversa en casos “raros” (es decir, con muy baja frecuencia), las familias que denuncian el fenómeno podrían obtener compensaciones millonarias por los daños causados. Daniela Hozbor, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP e investigadora principal de Conicet, ofrece su perspectiva a Página 12. “Desde la semana pasada recibimos noticias de AstraZeneca que hacen generar un poco de desconfianza. Respecto al juicio, la novedad es que la farmacéutica admitió legalmente la asociación potencial de una reacción severa grave después de la vacunación. La trombosis con trombocitopenia es un efecto que ya se había observado”. Y completa: “Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la propia enfermedad de la covid está asociada con la trombosis. De hecho, su frecuencia es mucho mayor a esta reacción adversa rara causada por la vacuna”.

Luego, la investigadora especialista en vacunas y una voz referente durante toda la pandemia, pone el foco en aspectos comerciales que también pudieron haber motivado la decisión de la firma de sacar su tecnología del mercado. “Según la propia compañía, su vacuna no se actualizó. Sabemos que el virus sigue circulando y evolucionando. Todas las que usamos durante la pandemia estaban formuladas a partir de componentes virales del virus de Wuhan y se fueron poniendo al día de acuerdo a la aparición de las variantes para dar una mejor respuesta. Como AstraZeneca no hizo la actualización de sus fórmulas, la demanda bajó y por este motivo la sacan de circulación”.

Los beneficios superan a los riesgos

El síndrome de trombocitopenia o trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna constituye un efecto secundario que incluye la formación de coágulos de sangre con un bajo conteo de plaquetas, lo que afecta también a la circulación sanguínea. Aunque el tema aparece como novedoso, lo cierto es que ya había sido reportado por científicos y científicas de diversos países. Incluso, la situación había sido incluida en un artículo de la revista The Lancet y en otro de The New England Journal of Medicine.

De hecho, en 2021 la vacunación se frenó en varios países de Europa ante el reporte de situaciones anómalas entre diferentes personas. Luego, la inoculación se reanudó en la medida en que los beneficios que se obtenían a partir de la inmunización eran superiores a los efectos nocivos que –potencialmente en casos muy específicos– podía ocasionar. Así lo relata Hozbor: “En aquel momento, se frenó y se abrió una investigación para ver si esa reacción adversa fue una coincidencia temporal o si realmente estaba asociada. Si bien al principio se negó, luego se estableció que existía un vínculo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la vacuna se podía seguir utilizando porque su beneficio era considerado mucho mayor que el riesgo

Medir riesgos en relación a beneficios de cualquier fármaco o vacuna constituye un cálculo que se realiza cada vez que una nueva fórmula se escala para su venta masiva y se comercializa. “No hay ningún medicamento para la salud que tenga una seguridad absoluta. Basta con mirar algún prospecto de un medicamento que tomemos, cualquiera sea. Me refiero a los de uso muy corriente, incluso algunos como paracetamol o ibuprofeno. Todos tienen daños colaterales”, observa.

Un antes y un después

Esta decisión que toma AstraZeneca podría afectar la confianza de la población en las vacunas. No obstante, hay matices según las naciones: mientras que Argentina, por caso, tiene una tradición de confianza; Francia se destaca en el viejo continente por una mayor resistencia frente a los pinchazos. En efecto, los movimientos antivacunas, autodenominados “Convoyes de la libertad”, en el pasado organizaron movilizaciones para frenar políticas como el pase de vacunación que habilitaba a la circulación de los ciudadanos europeos una vez que tuvieran sus dosis aplicadas.

“Las vacunas contra el coronavirus, sin dudas, han significado un antes y un después. Basta con recordar años atrás los miedos con respecto a la enfermedad, la hospitalización y la muerte. Ahora casi que ni pensamos en la covid ni si nos tenemos que dar un refuerzo o no. Eso es por las vacunas”, comenta Hozbor. Y agrega: “Según estudios, han permitido salvar en ese primer año de pandemia entre 14 y 20 millones de vidas. A seguir confiando en este insumo que es muy evaluado desde su desarrollo hasta su aplicación”.

Fuente: Página 12

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La medida fue oficializada mediante la Resolución Plenaria N° 108/25, firmada a mediados de julio y publicada a inicios de agosto. En sus fundamentos, el organismo remarcó que el contexto inflacionario y el impacto de la devaluación provocaron un deterioro del poder adquisitivo del personal, motivo por el cual se consideró necesario avanzar con una nueva recomposición. “El incremento sostenido de precios afecta directamente el salario real de los trabajadores”, sostiene el texto de la resolución. Cabe recordar que anteriormente el organismo ya había dispuesto dos aumentos salariales: uno del 4,5% en febrero y otro del 5,5% en abril, que sumados al actual configuran el reajuste acumulado del 13% sobre la base de diciembre pasado. En cuanto a los montos actuales de los haberes básicos, sin considerar adicionales o descuentos, un cadete percibe $598.476,23; un auditor de categoría A3, $952.612,44; y un secretario, $1.597.238,93. Por encima de estos niveles se encuentran únicamente las remuneraciones de los vocales del Tribunal, que no son de acceso público. No obstante, tomando referencias de la Caja de Jubilaciones, se estima que sus sueldos rondarían los $11,8 millones brutos mensuales. Aumento limitado a personal técnico A pesar de que los aumentos dispuestos por el Tribunal de Cuentas suelen impactar de manera directa en el Escalafón Profesional Universitario (EPU) de la administración pública provincial —y, por derivación, en los haberes de la planta política—, esta vez el incremento no se trasladará a funcionarios ni autoridades del Ejecutivo. Esto se debe al decreto provincial 1020/25, emitido el 4 de abril por el gobernador Gustavo Melella, que dispuso suspender la aplicación de los aumentos del TCP al personal político del Gobierno. La norma frena la actualización automática establecida por la Ley 1333 para cargos como Gobernador, Vicegobernador, ministros, secretarios de Estado y demás funcionarios del gabinete, incluso cuando correspondiera según el esquema vigente. En la práctica, esta decisión busca evitar que las mejoras salariales del organismo de control disparen los sueldos de la dirigencia política. No obstante, las dietas de los legisladores y de las autoridades de Cámara no están alcanzadas por la suspensión del decreto, lo que genera diferencias dentro de la estructura salarial estatal. Actualmente, según los datos oficiales, la remuneración bruta de ley del Gobernador alcanza los $5.715.674,66, aunque percibe efectivamente $5.057.954,10, mientras que la Vicegobernadora recibe $4.805.056,39. En el caso de los legisladores, el ingreso bruto llega a $5.144.107,17 y los secretarios del Poder Legislativo perciben $4.858.323,44. La medida del Ejecutivo de suspender el «enganche» permanece vigente hasta que se disponga su derogación o modificación formal. Mientras tanto, los aumentos del Tribunal de Cuentas continuarán impactando exclusivamente sobre su propio personal técnico y administrativo.